Ventana v8.0

Pide Ejecutivo anular ‘impuesto ambiental’ de BC

SCJN

El Ejecutivo federal pidió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidar el «impuesto ambiental» creado por el Gobierno de Baja California, que desde mayo pasado grava a las gasolineras y expendedores de gas natural y gas LP.

El consejero jurídico del Ejecutivo, Julio Scherer Ibarra, presentó el 17 de agosto una controversia ante la Corte, en la que alega que Baja California invadió atribuciones de la Federación.

El impuesto obliga a los empresarios a pagar 17 centavos por cada litro o kilo de bióxido de carbono generado por derivados del petróleo, pero el artículo 73 de la Constitución reserva al Congreso federal imponer contribuciones sobre el petróleo y sus derivados.

En 2019, el Pleno de la Corte avaló un impuesto a las emisiones a la atmósfera vigente desde 2017 en Zacatecas, pero que es diferente al de Baja California, pues no grava específicamente las que son producidas por derivados de hidrocarburos.

La entidad fronteriza tenía vigente, desde enero de 2020, un «impuesto sobre venta de primera mano de gasolina y demás derivados del petróleo por afectación al medio ambiente», mismo que fue derogado luego que el Gobernador Jaime Bonilla envió una iniciativa para reemplazarlo por el «impuesto ambiental por la emisión de gases a la atmósfera».

Sin embargo, la base gravable del impuesto siguen siendo emisiones que resulten de gasolina, diesel, gas lp o gas natural, que las empresas del sector tienen que pagar mensualmente al Estado, sin que se traslade el cobro a los consumidores, y sin que sea posible acreditarlo para reducir el pago de algún otro tributo estatal.

La Corte no tendrá plazo para resolver la controversia, y en tanto, empresas afectadas de Baja California han estado promoviendo amparos para impugnar el impuesto asesoradas por grandes despachos fiscales de la Ciudad de México, en una situación similar a la que ocurrió en Zacatecas, cuyos impuestos ambientales fueron llevados al máximo tribunal por la anterior administración federal.

En cuestión de semanas, Scherer Ibarra tuvo que presentar tres controversias contra Baja California, pues también reclamó un decreto para eliminar la caseta de cobro en la autopista Tijuana-Ensenada, que Bonilla revocó el 30 de julio, y otra demanda contra una ley para censar vehículos importados, incluidos los que ingresaron ilegalmente al País.

Información: Reforma

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