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Pan propone en el Senado castigo para quienes no voten.

Con el fin de disminuir el abstencionismo en las elecciones, -que ha
llegado a ser de 60 por ciento- la senadora Nadia Navarro Acevedo,
presentó una iniciativa en la que propone infraccionar a quienes no
emitan su voto sin causa justificada de por medio.

En comunicado, la legisladora dijo que la iniciativa busca establecer
como infracción el no ejercicio del voto y la sanción sería la
suspensión de los derechos electorales en términos del Artículo 38 de la
Constitución federal y por ende el impedimento para realizar trámites
gubernamentales.

También propone que en el Padrón Electoral se incluya una tercera
sección, en la cual se asienten los datos de los ciudadanos faltos al
deber de votar, con lo cual se considera que esas medidas podrían
auxiliar a evitar el abstencionismo.

La legisladora detalló que el Artículo 35 constitucional garantiza el
derecho del ciudadano mexicano a «votar en las elecciones populares»,
además, el 36 fracción III menciona que es una obligación de los
ciudadanos «votar en las elecciones y en las consultas populares, en los
términos que señale la ley»; es decir, en México sufragar es un derecho
y una obligación, enfatizó.

Navarro Acevedo subrayó que en el país existe un gran abstencionismo,
que comúnmente está ligado a una voluntad de rechazo del sistema
político, de la convocatoria electoral o la no identificación con
ninguno de los candidatos o los programas políticos en competencia.

La senadora panista explicó que existe un abstencionismo motivado por la
«pereza, la ley del mínimo esfuerzo, unida a la falsa convicción de la
escasa importancia del voto individual y la ignorancia de las
consecuencias de la abstención».

De igual manera se formula el escepticismo respecto de las elecciones
como forma más importante de la democracia representativa, y disminuye
la legitimidad de la decisión sometida a la consideración de los
electores en un referéndum o plebiscito.

Finalmente, expuso que el abstencionismo daña a la democracia, por lo
que considera necesario adoptar medidas para su disminución, sin contar
el costo financiero que esta práctica representa para el Estado mexicano.

La iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 128,
447.1 y 456.1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales, fue turnada a las Comisiones Unidas de Gobernación, y de
Estudios Legislativos.

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