Ventana v8.0

Nuevos funcionarios de Pemex implicados en la Estafa Maestra y Odebrecht

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Trece días antes de que el gobierno federal lanzara una estrategia para combatir el robo de combustible y la corrupción en Petróleos Mexicanos (Pemex), en el piso 44 de la Torre Ejecutiva de la empresa productiva del Estado su Consejo de Administración –que presiden la secretaria de Energía, Rocío Nahle, y el titular de la Secretaría de Hacienda, Carlos Urzúa– aprobó los nombramientos de los directivos de las subsidiarias.

Entre ellos hay personajes vinculados con escándalos como la Estafa Maestra y el caso Odebrecht, y funcionarios sin experiencia en materia energética pero cercanos al presidente Andrés Manuel López Obrador y al director general de Pemex, el ingeniero agrónomo Octavio Romero Oropeza.

Ese día, 14 de diciembre, Miguel Ángel Lozada Aguilar fue designado director general de Pemex Exploración y Producción (PEP), según el acuerdo CA-165/2018. Lozada es un ingeniero petrolero con más de 35 años de servicio en Pemex: de 2009 a 2014 fue administrador del Activo Integral Cantarell, a 80 kilómetros de Ciudad del Carmen, Campeche, uno de los yacimientos más grandes del mundo

No obstante, en 2017 el entonces presidente Enrique Peña Nieto anunció el cierre de ese complejo con la frase: “La gallina de los huevos de oro se acabó”.

Ese año el nombre de Lozada apareció en la investigación periodística de la Estafa Maestra; en 2012, como administrador de Cantarell y adscrito a la Subdirección de Producción Región Marina Noreste de PEP, autorizó el convenio 422082806 con la Universidad Popular de la Chontalpa (UPCH), en Cárdenas, Tabasco, para el servicio de asistencia técnica en materia de producción y perforación de pozos para esa Subdirección.

De acuerdo con la auditoría forense 13-4-99063-12-0250, funcionarios de PEP suscribieron nueve convenios con la UPCH y decenas más con otras universidades públicas; estos acuerdos formaron parte de un entramado ilegal en el que la empresa eludió los procesos de las licitaciones públicas y simuló adquisiciones, al tiempo que las instituciones educativas, que no tenían capacidad técnica, material ni humana para prestar servicios, subcontrataron a otras empresas para realizar los trabajos, que en muchos casos no existieron.

Lozada firmó el convenio con la universidad tabasqueña por 140 millones de pesos. Sin embargo, según la Auditoría Superior de la Federación (ASF) la UPCH facturó 82 mil 863.2 pesos y realizó la subcontratación de servicios a la empresa Maheca, SA de CV, por 80 mil 880.4 pesos, aunque ésta tampoco tenía las capacidades para desarrollar los trabajos.

La ASF señala en su informe que mediante el oficio número DGAF/1690/2012 del 24 de noviembre de 2014 dio aviso al Órgano Interno de Control de PEP para investigar y fincar responsabilidades administrativas para servidores públicos en este caso específico.

Ahora Lozada tiene la tarea de desterrar la corrupción de PEP.

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